El titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, John Robert Hernández dijo sobre la organización Integra Institute, con la que firmó un convenio que ha provocado la molestia y preocupación de un grupo de guanajuatenses en el exterior: “a mí se me explicó que sí se le investigó, pero no se le ha encontrado nada fuera de lugar”. El funcionario se refería a las irregularidades en que ha incurrido esta organización como parte de la operación de la sociedad civil, Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota.
POPLab puso Ojo Avizor y encontró que las aseveraciones de Hernández son falsas, pues de acuerdo al informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente a “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares” de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, hubo incumplimiento de metas, convenios que no fueron reportados, falta de acreditación de seguimiento a los mismos, carencia de los recibos de las organizaciones que fueron apoyadas y problemas en el sistema de control del programa. En la auditoría a la cuenta pública de 2016 las observaciones son muy similares.
Durante la glosa del primer informe de gobierno, el secretario Hernández dijo que había firmado un convenio con el Integra Institute, una de las organizaciones que triangulaba recursos a la organización Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota y que en una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad (MCCI ) se muestra que recibió más de mil millones de pesos entre 2014 y 2016 destinados para “apoyos a migrantes”, en una operación que fue cuestionada por su falta de transparencia, por no haber comprobado cómo fueron aplicados, pues la organización no estaba autorizada para obtener donativos.
La ASF realizó una auditoría de desempeño a Juntos Podemos, dirigida a verificar que el dinero público se haya utilizado para el fin para el que se solicitó.
La Auditoría Superior solicitó información a las organizaciones Parents Alliance y AEM-USA Foundation (que luego se convirtió en Integra Institute) para aclarar las irregularidades y su respuesta fue “que no era posible proporcionar la documentación solicitada toda vez que “…como organizaciones no lucrativas estadounidenses están sometidas al marco legal de Estados Unidos de América y a los mecanismos de rendición de cuentas de dicho país (…) y que para el desarrollo de programas a favor de la comunidad mexicana en Estados Unidos de América se establecieron acuerdos de confidencialidad con otras organizaciones sin fines de lucro, por tanto, atendiendo al marco legal referido, la información debe clasificarse como confidencial (…) pues el hecho de revelar cierta información podría poner (…) en el supuesto de violar acuerdos de confidencialidad tanto con proveedores como con beneficiarios de los proyectos (…), y ante las leyes estadounidenses, revelar información confidencial significa violentarlas…”, se explica en el informe.
A pesar de la resistencia de las organizaciones, el órgano fiscalizador, que revisó 516.7 millones de pesos, aproximadamente, la mitad de los entregados a Juntos Podemos y aunque Hernández ha dicho que no se les ha señalado por “alguna cosa específica de que hayan cometido algo”, la ASF encontró que hubo incumplimiento de metas de cursos y talleres de capacitación a migrantes; no se acreditaron 12 convenios de coordinación con instituciones federales; sólo se alcanzó el 54.8% de la meta de beneficiar a 230 instituciones educativas con el programa IME BECAS; no se presentaron todos los recibos de las instituciones educativas que acreditan la recepción de recursos, ni de entregables por trabajos realizados, no existe una base de datos de los estudiantes beneficiados por el Programa IME-BECAS; no se dio seguimiento a los memorandos de entendimiento; hubo deficiencias en el diseño e integración de la Matriz de Indicadores para Resultados; y, en su sistema de control interno, no acreditaron el pago de viajes a personas no relacionadas con la atención consular (como la maquillista de la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota), “sin acreditar que su participación fue estrictamente indispensable”.
Los hallazgos derivados del análisis de los programas vinculados permitieron que la ASF determinara probables daños a la Hacienda Pública Federal por un total de 39 millones 472 mil 300 pesos, lo que orilló a que promoviera 35 recomendaciones, 18 denuncias por responsabilidades administrativas y 22 pliegos de observaciones.
Entre otras recomendaciones, la ASF pide que “el Instituto de los Mexicanos en el Exterior realice las gestiones que correspondan a fin de que en los acuerdos que se elaboren con las organizaciones que reciban recursos de apoyo, se establezca un mecanismo alterno para comprobar la recepción de los recursos que se entreguen, cuidando que no se violente el marco legal de Estados Unidos de América al que están sometidas las organizaciones no lucrativas estadounidenses.”
En el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se realizó la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-05100-02-1798 1798-GB, en ella se detalla que respecto al memorándum de entendimiento firmado por el Consulado General de México en Nueva York por 10,938.0 miles de dólares (10 millones 938 mil dólares), con el objetivo de “promover la integración de los mexicanos radicados en Estados Unidos a través de la investigación y recopilación de datos, análisis de la información, desarrollo e impartición de talleres; atención personalizada a la población de origen mexicano en materia legal”; los entregables estaban membretados por Integra Institute (antes AEM-USA Foundation).
En los entregables “se conoció que los trabajos fueron desarrollados por medio de la iniciativa Juntos Podemos, sin que se estableciera en que consistió la operación de dicha iniciativa referida, ni tampoco se presentó evidencia del visto bueno de la RME (Representaciones de México en el Exterior) para que la referida iniciativa colaborara en la ejecución de las actividades convenidas en los MOUs (memorando de entendimiento, siglas en inglés)”.
Niegan información a AEM
Los tres directivos de Integra Institute, Eduardo Bravo, Emilio España y Alejandro Quiroz formaban parte de la prestigiosa Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), cuando salió a la luz la triangulación de la recursos para la organización de la panista y que se diera a conocer la existencia de AEM-USA Fundation, la AEM original conformó un comité enfocado en investigar los hechos y para verificar que no se hubiera puesto en riesgo al organismo empresarial mexicano más importante en Estados Unidos.
Según reportó MCCI, miembros de la AEM pidieron a España, Bravo y Quiroz los estados financieros existentes del año 2013 al 2016; registros de chequeras, copias de los acuerdos incluyendo los memorándums de entendimiento entre la AEM y cualquier otra persona, ya sean entidades privadas y públicas; descripción de los acuerdos realizados de manera verbal entre la AEM con cualquier otra persona o entidades públicas y privadas, en el mismo periodo; descripción de los proyectos en los hayan desempeñado cualquier tipo de actividad. Bravo, España y Quiroz contestaron por medio de su abogado Ryan S. Squires, del Bufete Scott, Douglas & McConnico, quien dijo a los directivos de la AEM que deberían “firmar un acuerdo de confidencialidad, y subrayó que no podrían hacer fotocopias, fotografías o utilizar cualquier otro mecanismo para copiar esos documentos, mismos que tampoco podrían salir de su despacho”. Gerónimo Gutiérrez Fernández, quien fuera embajador de México en Estados Unidos de marzo de 2017 a noviembre de 2018, formó parte del comité de investigación pues era consejero de la AEM. Su renuncia a la asociación (y al comité investigador) se dio cuando el entonces presidente, Enrique Peña Nieto lo invitó a ser embajador y lo hizo mediante una carta en la que señaló la importancia de “aclarar plenamente la relación que existió entre la asociación y AEM Foundation, habida cuenta de los conflictos de interés que esto conlleva por la manera en que se dieron las cosas y de que el Consejo no fue informado oportunamente de esta relación.” Gutiérrez, antes de irse pidió que se rindieran cuentas y “someter al Consejo los estados financieros de la AEM correspondientes a los años 2015 y 2016, para su revisión y, en su caso, aprobación haciendo esto de cara a la membresía y capítulos”. Aunque John Hernández diga que están “felices de que cualquier organización quiera, y de manera gratuita, promover y ayudar a los migrantes, le vamos a entrar con todo” y que “aparentemente le echan muchas ganas”, se puede ver por qué los migrantes guajuatenses están inquietos por la incorporación de Integra Institute a las actividades de promoción de la secretaría del migrante de Guanajuato, tienen en efecto mucho de qué preocuparse, a la luz de estos antecedentes, por ello el Ojo Avizor es rojo.
Kennia Velázquez 