León, Gto. El desaseo parece ser la marca de la casa en la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, operada con recursos federales y estatales manejados por la Secretaría de Turismo de Guanajuato, a cargo de Fernando Olivera Rocha.
La Asociación Civil que ha ejercido más de 142 millones de pesos de presupuesto estatal y federal, en los que por lo menos 67 millones han sido observados por órganos de control, construyó dos proyectos en predios de particulares asociados a integrantes de la propia Fundemin, quienes ni siquiera acreditaron la propiedad de los terrenos.
Las tierras en las que se realizaron las obras de la “1ª etapa de construcción del circuito turístico de bicicleta de montaña” y la “1ª etapa de la construcción del complejo escuela modelo” están en calidad de comodato temporal por lo que el patrimonio público está en riesgo. Así lo revela la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato en la Cédula de Observaciones número 4 de la auditoría GTO/SDT-SECTUR/13 realizada el 5 de mayo de 2014. El monto invertido con recursos públicos en ambos terrenos es de 19 millones 534 mil 177 pesos.
Los dueños de los terrenos otorgados en comodato temporal en los que se realizó la Ciclovía en Mineral de Pozos pertenecen a José Luis Navarro Gutiérrez, Froylán Oviedo Torres, José María Terán Juárez, Feliciana Juárez Hernández, María Moya Olvera y Aurelio Navarro Gutiérrez.
Mientras que el de la Escuela Modelo pertenece a Jacinto Jaramillo Álvarez. En ambos casos el apoderado es Ignacio Soto Borja Escobar, quien también donó el predio en el que se ubica la 2ª etapa de construcción del centro de atención a visitantes en Mineral de Pozos.
Soto Borja Escobar es consejero de la Fundemin y cuenta con poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración, según consta en el acta constitutiva de la fundación.
En el convenio signado se establece que “el comodante coadyuvará en la formalización de la donación de los terrenos a favor del Gobierno del Estado de Guanajuato hasta que cuente con el dominio pleno sobre las parcelas respectivas”, es decir, que no se contó con la documentación que los acredite como propietarios.
El órgano regulador estatal indica que con estas acciones, la Secretaría de Turismo “pone en riesgo el patrimonio del estado respecto a las obras sobre dichos terrenos que se llevarían a cabo”. Lo que en un futuro supondría que las obras realizadas serían patrimonio de la Fundemin y no del Estado de Guanajuato.
Esta misma preocupación la muestra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pues ninguna de las obras auditadas se encuentra asegurada ni registrada en las oficinas de Catastro, ni en el Registro Público de la Propiedad para su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación; ni cuenta con los títulos de propiedad.
Transparencia y Rendición de Cuentas coincide con su par federal al hacer ver el conflicto de intereses pues Sectur es socia de la Fundemin y cuenta con tres servidores públicos con cargos honoríficos en la A.C. y que incurre en “uso indebido de atribuciones para celebrar de manera discrecional convenios” con la fundación ya que está imposibilitada para contratar obra pública.
Indica que “la SECTUR hizo uso indebido de sus atribuciones y facultades para llevar a cabo dichos procesos, ya que dicha dependencia al formar parte constitutiva de la Fundemin A.C. no debió firmar contratos para recibir en donación terrenos por parte de personas que a su vez forman parte constituyente de la misma asociación civil”.
La STRC dice que también fue indebido “celebrar de manera discrecional convenios de colaboración” con la asociación civil. Por lo tanto “se observa que de manera conjunta e improcedente el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la SECTUR y la Fundemin A.C. participaron en las gestiones para llevar a cabo proyectos de obra pública financiados con recursos federales y estatales, evadiendo en su actuar las disposiciones establecidas en el convenio”.
Propiedad de Fundemin no de Guanajuato
En las conclusiones de la auditoría se dice que “se corre el riesgo de que las obras realizadas en las etapas auditadas así como en las etapas previas y posteriores puedan adjudicarse posteriormente como patrimonio de la Fundemin A.C. y no a favor del Estado”.
Mientras que en el acta constitutiva de la A.C. se establece en el capítulo octavo “De la disolución y liquidación de la asociación” en el artículo vigésimo noveno que se “liquidará la asociación, la totalidad de su patrimonio, incluyendo los apoyos y estímulos públicos”. En el artículo trigésimo primero, estipula que “los bienes propiedad de la asociación, una vez cubiertas sus deudas y obligaciones, se repartirán a los asociados en proporción de sus aportaciones”.
Consejeros con conflicto de interés
La Fundemin también ha sido polémica por los personajes que la integran o han sido parte de ella. Por ejemplo, el ex secretario de Desarrollo Turístico, Sergio Enrique Rodríguez Herrera fue presidente de la Fundemin y al término de su trabajo en la función pública, se convirtió en director de Señores de Pozos Global Project SAPI de CV y Desarrolladora Señores de Pozos de SAPI que realizan un proyecto residencial y turístico en Pozos.
Durante su gestión, Rodríguez Herrera autorizó 72 millones 34 mil 177 pesos para mejorar la imagen urbana de Pozos, crear la Ciclovía y un Centro de Atención a Visitantes. En el sitio Señores de Pozos, en la sección de “más terrenos” menciona la Escuela Modelo y la Ruta ciclista.
Mientras que Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi Beraha (también consejero de Fundemin), son socios en la empresa Losrram que desarrolla un emporio residencial y turístico en mil 250 hectáreas en la comunidad de Pozos y son parte de la red que aportó recursos a la campaña de Miguel Márquez.
Fundación opaca e ineficiente
La fundación fue ideada por el exgobernador Juan Manuel Oliva, cuando aún estaba en funciones. La intención era unir a la iniciativa privada y a organizaciones de la sociedad civil con el Gobierno del Estado para incidir en los pueblos que se han dedicado a la minería, pero al ir decayendo, deben buscar alternativas para subsistir.
El Gobierno de Guanajuato, entonces encabezado por Héctor López Santillana fue el encargado de firmar el convenio con la Fundemin para que desarrollara los planes de la era Oliva. Miguel Márquez ha seguido con el mismo proyecto y ha destinado al menos 230 millones de pesos de manera directa e indirecta a la asociación civil.
Esto no debió suceder, pues la Fundemin no está registrada ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social, requisito indispensable para recibir donativos tanto nacionales como internacionales, así como subsidios, por lo que violan el artículo 4 de la Ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
A cinco años de haber sido creada, la Fundemin ha sido señalada más por sus ineficiencia y opacidad que por sus logros. Se han creado espacios que no han cumplido con los objetivos culturales que en teoría perseguían, ni sociales, pues no han logrado incidir en las comunidades que los rodean.
Medios locales han señalado que la ruta de los llamados Pueblos Mineros han beneficiado solamente a empresarios y que incluso los pocos lugareños que trabajan en los Centros de Atención a Visitantes (CAV) no cuentan con prestaciones y tienen sueldos de 700 pesos semanales. En el convenio firmado entre Fundemin y Gobierno del Estado se establece que el responsable de la relación laboral con los empleados es la asociación civil.
Zona Franca ha buscado en numerosas ocasiones a Aurora Orozco, la representante legal de Fundemin, por teléfono y en sus oficinas, pero nunca hemos sido atendidos. Hemos acudido al CAV Sangre de Cristo y empleados dijeron que tenían órdenes de no responder a las preguntas de la prensa. La fundación tampoco cuenta con una página web que informe sobre los trabajos o logros alcanzados. Al recibir recursos públicos es sujeto obligado que debe rendir cuentas del erario que ejecuta, según se establece en La Ley de Transparencia.
Se solicitó vía Infomex Guanajuato datos sobre el costo de operación de los CAV en Mineral de Pozos y Sangre de Cristo, número de locales rentados, personas que se han hospedado en el Parador del Peregrino, ubicado a un costado de Cristo Rey y número de visitantes al Museo Minero.
En las reglas de operación se establece que la A.C. debe rendir cuentas a la instancia gubernamental.
De tal forma que son un misterio los resultados hasta ahora alcanzados con el Programa de Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, que a través de Fundemin buscaba “una manera turística de detonarlos y reactivarlos económicamente, además del rescate arquitectónico e histórico”.
Zona Franca solicitó entrevista con algún funcionario de la Secretaría de Turismo, inicialmente seríamos atendidos el día de hoy por Omar Murillo, Director General de Desarrollo Turístico y Secretario Ejecutivo de Fundemin. Ayer se nos indicó que se cancelaba la cita pues seríamos atendidos por el secretario Fernando Olivera a su regreso de Colombia.
Observación número 4 de la STRC
Nota publicada el 10 de agosto de 2016 en Zona Franca
Kennia Velázquez 